Domingo, 14 Junio 2020 08:32 Escrito por MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO*
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 Unión o anarquía

“Unión, unión, o la anarquía os devorará”, Bolívar.

Diversas determinaciones de los mandatarios a propósito de los Decretos de pandemia,  han suscitado serias discrepancias en las comunidades, y entre éstas y éstos, tales como los permisos para trabajar, abrir el comercio, y el levantamiento de la ley seca, entre otras.

Pero la verdad es que hay que afrontar los mandatos de las normas del Gobierno, lo cual es de mayúscula relevancia social e institucional.  Y, para hacerlo, a criterio de este columnista, cada actor o protagonista debe cumplir con sus deberes y funciones, veamos:

(i) El Gobierno Nacional. Los funcionarios en Bogotá toman las decisiones sin consultar la realidad social, económica y cultural de las regiones colombianas, lo que ha quedado demostrado en esta crisis, en la cual ha sido palpable la ausencia  participativa de las comunidades en la toma de decisiones y en la insuficiente e inequitativa asignación de recursos.

Pero la responsabilidad sí la descargan sobre los mandatarios, como se desprende del inciso segundo del artículo 12 del Decreto Número 749 del 28 de mayo de 2020, "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público", que señala: “Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, serán sujetos de las sanciones a que haya lugar.”

Así, es apenas natural que si el Estado cierra las puertas para la adquisición de ingresos o abre las compuertas del confinamiento debe posibilitarles a los mandatarios las herramientas administrativas y los recursos económicos y financieros indispensables para poder afrontar las acumuladas necesidades sociales y contener la reacción social que dichas medidas provocan, incluyendo el desorden público. Aquí, entran en escena la clase política regional y la cohesión de las comunidades. Los mandatarios sólos no pueden.

(ii) Los Alcaldes, sobre todo dando buen ejemplo tanto en su vida pública como en la privada. Recuérdese aquel adagio popular, según el cual la Ley entra por casa.

Lo mismo que escuchar proactivamente la reflexión de la ciudadanía. Diferente sería que la crítica se fundara en infundios propios del revanchismo y el resentimiento político, en cuyo caso el gobernante debe guardar compostura y establecer una comunicación fluida con las comunidades.

Y, por supuesto, gestionar siguiendo el principio de colaboración y coordinación con los demás entes estatales.

Oportuna la ocasión para retrotraer el consejo de un hombre grande, que sabía de dificultades: El que manda debe oír aunque sean las más duras verdades y, después de oídas, debe aprovecharse de ellas para corregir los males que produzcan los errores”, Simón Bolívar.

También, los  Alcaldes que han sido responsables, aparte de recibir los justos reconocimientos, deben incrementar sus esfuerzos, y, los que no tanto, deben abordar con esmero y disciplina el cumplimiento de su obligación de evitar la expansión de la pandemia y de preservar la vida de los ciudadanos. Lo que implica, entre varias estrategias, fortalecer con suficiencia a la Policía, pero también exigirle resultados. Se apoya y se exige. Nada puede hacerle más daño a un alcalde en materia de control social y alteración del orden que un cuerpo policivo falto de compromiso.

Más, en el evento de que abunde la queja ciudadana, particularmente de que se les llama vía celular y no contestan o que si contestan, no acuden al llamado. O, que cuando realizan sus operativos se tornan agresivos.

(iii) Por su parte, las Personerías Municipales deben trabajar con mayor ahínco y presencia notoria, interpretando el clamor de la población e interviniendo ante la Administración y otras instancias estatales en lo que corresponda, en franca comunión con las comunidades y el ciudadano de a pie,  para que, en consecuencia,  lo reconozcan como devoto defensor de sus derechos y fiel promotor de su desarrollo. Para que el ciudadano no perciba, como ocurre en muchas localidades, que en su municipio sí hay Personería pero no Personero. Y,

(iv) En cuanto a la sociedad, le recae exigirse a sí misma ser consciente y solidaria,  comprender que sin su accionar sensato e inteligente no podrá  salir de las arenas movedizas que acechan a las comunidades en esta calamidad.

Lo único que faltaba, que no bastando la corrupción política y el desprecio y olvido del Poder Central, resulte ahora que la misma comunidad se enfrente entre sí y con su mandatario por una determinación administrativa como el levantamiento de la ley seca, por ejemplo. Cuando se requiere a gritos de la unión en términos de aunar esfuerzos apuntando a un sólo objetivo: salir vivos y airosos de esta calamidad. En desunión nada será posible. Y, por otro lado, y de forma especial, habrá de demandarse de la población desobediente, mucha cultura y conciencia ciudadana, un cambio de actitud. Con el tristísimo agravante de que si no escucha el humanitario llamado y no se acata la norma, tendría que asumir la alternativa de ser objeto de la sanción a que se exponen.

Por todo lo expuesto, los alcaldes se encuentran ante una encrucijada nada envidiable: imponen o restablecen el orden público o serán sancionados por omisión funcional, según la conducta y la norma que le aplique. Así se estructuró, en Bogotá, el andamiaje legal contra la pandemia y… contra los mandatarios, y en desequilibrio para los vulnerables.

*Asesor Jurídico - Ex Personero Municipal de Timaná - Ex Consejero Departamental de Paz del Huila

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