Martes, 09 Junio 2020 19:02 Escrito por MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO Abogado Asesor Ex Personero Municipal de Timaná, Huila Ex Consejero Departamental de Paz del Huila
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La silla vacía de Aida Merlano

El inmediatamente anterior viernes 29 de mayo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió fallo de segunda instancia en la causa judicial seguida contra la ex congresista Aida Josefina Merlano Rebolledo por varios delitos, entre ellos, por corrupción al sufragante.

Entre varias decisiones, ratificó el fallo condenatorio de primera instancia y compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para que examine si se configura falta disciplinaria por parte los miembros de la Mesa Directiva del Senado de la República al haber omitido aplicar “la silla vacía”, vale explicar, figura que consiste en que quien sea condenado o se le haya dictado orden de captura, por delitos, entre algunos, contra los mecanismos de participación democrática no puede ser reemplazado en ningún caso en la dignidad para la cual fue elegido; lo que no ocurrió y, por lo contrario, se procedió a concretar el reemplazo de la senadora electa. De tal manera, que lo que se está desatando con la sentencia confirmatoria y la pendiente postura de la Procuraduría ante el envío de copias, marcará  el derrotero a seguir en la legalidad de la República en este complejo tema.

Así, se enfrentan dos tesis: quienes apoyan a la Corte y los que  se identifican con los miembros de la Mesa Directiva prenombrada. Establezcamos qué plantean las dos partes en desacuerdo:

De un lado, la Corte reprocha, según su parecer, la inexistencia de justificación para no haber aplicado la silla vacía. 

Y, del otro, quienes afirman que se equivoca la Corte cuando asevera que se actuó bajo inexistencia de justificación, conforme a las siguientes consideraciones: Primero, que para la fecha de los acontecimientos no se disponía en el Senado de la República del conocimiento y experiencia de hecho similar que pudiese haberle dado luces prácticas para el manejo de la situación con seguridad y confianza jurídicas, al tenor del nuevo y reformador Acto Legislativo, Segundo, que por tratarse de una novedosa reforma a la Carta no se contaba con jurisprudencia constitucional sobre la materia, específicamente, en concreto, que de haber sido posible hubiese posibilitado significativo y preponderante auxilio y ruta para conceptualizar acorde con el pensamiento de la Corte, Tercero, que diversos pronunciamientos judiciales alentaron a tomar la determinación que finalmente se tomó; a manera ejemplificadora revisemos algunos: 1) Fallo de impugnación de Tutela TAC ST, 10 dic. 2018, Rad. 1100133340001201800370-01, por el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes que “[...] llame a [...] Benedicto o Benedito de Jesús González Montenegro [...] a ocupar de manera transitoria la curul que ocupa [...] SEUXIS PAUCIAS HERNÁNDEZ SOLARTE [...] en representación del partido político FARC por la circunscripción electoral del Atlántico, hasta tanto se resuelva por el Consejo de Estado la demanda de pérdida de investidura…». (la cursiva y la negrilla no son originales). Se trataba del evento Santrich, 2) Sala de Casación Penal EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER, Magistrado Ponente; AP1989-2019 y Radicación 55395. Caso Santrich, de fecha 29 de mayo de 2019. Aquí se encuentra que se fundamenta, entre otros, acogiendo el enunciado acabado de trascribir en el punto anterior para ordenar la libertad de Santrich, lo que traduce que admite el reemplazo y, de plano, que no es suficiente para la aplicación de la silla vacía que al congresista se le haya dictado orden de captura, Cuarto, que para la época no se dio homogeneidad, ni siquiera aproximaciones en los criterios esgrimidos por los distintos agentes estales de investigación, sanción, y control (Fiscalía, Corte Suprema y Procuraduría, respectivamente) en torno al asunto en trato. Que era tal la disparidad que la misma sentencia condenatoria de primera instancia contra la señora Merlano en esta materia, es sumamente incongruente con lo decidido en la segunda instancia, aún meses después de que la Mesa Directiva del Senado hubiere realizado el reemplazo. Resalta que en  la primera sentencia de la Corte, ésta no quiso tomar partido en el asunto de la silla vacía arguyendo que era competencia del Consejo de Estado, tal como ocurrió en el caso Santrich. Corte Suprema de Justicia, Radicación No 52418, doce (12) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), y Quinto, que en consecuencia de todo lo expuesto, reclaman que a los servidores públicos disciplinables, con todo el rigor se les respete, entre varios derechos y garantías procesales, la presunción de inocencia, puesto que obraron de buena fe, en el contexto de que solamente se configura falta disciplinaria si se prueba que el infractor ha procedido dolosa o culposamente, y que no se construye contra ellos prueba que desvirtúe su sano propósito.  Dicho de otro modo, que la conducta de acción u omisión que se reprocha se origine intencionalmente, de mala fe, a sabiendas del mal que con ella se va a causar, en contravía y a pese a conocer del deber que le obliga funcionalmente a actuar de otra forma. Destacando así, que la responsabilidad objetiva está proscrita del andamiaje normativo colombiano.

Se invita a la reflexión.

Timaná, Huila, 09 de junio de 2020.

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