Miércoles, 27 Mayo 2020 07:44 Escrito por MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO - Abogado Asesor -Ex Personero Municipal de Timaná, Huila - Ex Consejero Departamental de Paz del Huila
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Tutela del exministro Arias: ¿Un fallo arbitrario o legal?

 

Dada la complejidad e importancia nacional del tema, esta columna se escribe, primero, procurando los términos más sencillos para que sea de mayor recibo por las comunidades, en aras de que sean informadas; segundo, con rigor objetivo, en pos de motivar su participación en la reflexión autónoma de los problemas que la afectan, a partir del conocimiento imparcial de los hechos.

La tutela de la Corte Constitucional que le concedió el amparo al exministro  ANDRÉS FELIPE ARIAS para impugnar la sentencia que lo condenó, se fundamenta en que este derecho de impugnación está reconocido  en instrumentos internacionales vinculantes para el Estado colombiano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente desde 1978, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones en 1966, como en la Constitución Política de Colombia de 1991.

Auscultemos cada uno de los soportes jurídicos precitados: primero, la Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla en su artículo 8.2  “toda persona inculpada de delito (…) tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) h) derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”; segundo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo14.5.  preceptúa “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”, y tercero, la Constitución prescribe en su artículo 29 que, merced al derecho al debido proceso, todo sindicado “tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria”, y en el artículo 93 preceptúa que los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretaran de conformidad con los tratados internacionales sobre los derechos humanos ratificados por Colombia, como es del caso. Disponiendo, además, de manera categórica que tales tratados y convenios prevalecen en el orden interno.

Y, agrega que tomó como fecha corte de su aplicación enero de 2014, por cuanto es en esa calenda que se consolida este derecho, denominado “derecho de doble conformidad”, por el reconocimiento que de él materializara la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso similar y por primera vez conocido por este organismo, esto es, una sentencia condenatoria impuesta sin ser revisada en segunda instancia. Ello, en beneficio de un aforado -como lo es aquí el exministro Arias- en Surinam, país situado al nororiente de Suramérica, señalando determinantemente que se le debía conceder la revisión del fallo condenatorio.

Téngase que un aforado es una persona que, por ejercer un cargo público o por su profesión, se le privilegia del derecho, en caso de ser imputado por un delito, a ser juzgado por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal. En este evento, el privilegio de que lo juzgue la Corte Suprema de Justicia.

Lo anterior, explica por qué, desde su punto de vista, la Corte Constitucional  le ordenó  a la Sala Penal de la referida Corte Suprema iniciar el trámite correspondiente para dar curso a la solicitud de impugnación del fallo condenatorio emitido el 16 de julio del 2014, en contra del exministro. 

De ahí, que se presuma qué la Corte no se pronunció sobre el contenido del fallo, verbi gracia, de los hechos, acervo probatorio, o razonamientos que llevaron a que se despachara la condena en desfavor del prementado exministro; repetimos, por cuanto ese no era  su  propósito de estudio, lo que corresponderá, de nuevo, a la Corte Suprema.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional lo que reclama para el exministro es el cumplimiento del derecho de conformidad, a objeto de que le sea protegido el derecho al debido proceso y, por consiguiente, se le respeten sus derechos fundamentales.

En síntesis, el fallo de tutela se encuadra, exclusivamente, en que en Colombia el sentenciado goza de la doble conformidad, que se traduce en que, siempre, debe haber dos jueces conformes con una decisión condenatoria.


Todo lo expuesto, enmarcado entre otras condiciones, a: que sólo se  ampara el derecho del señor ARIAS, derivando que otros que se hallen en las mismas circunstancias, podrán, también, reclamar ese derecho; que ninguna de las sentencias de única instancia dictadas por la Corte Suprema, como las de la parapolítica y el proceso 8000, podrán ser tuteladas si las sentencias fueron dictadas antes de enero de 2014; que el trámite será competencia de magistrados de la Corte Suprema que no se hayan pronunciado en este asunto; que la sentencia sigue en firme y, por tal, el exministro seguirá privado de la libertad; que no es posible la prescripción, valga especificar, que por el tiempo que transcurra se extinga la acción penal; que sólo arropa a los aforados privados de la libertad a partir de enero de2014; que no se estipuló el plazo para resolver la decisión; y, que quien
haya cumplido la condena, tendría que reclamar fundadamente que esa sentencia continúa causándole  detrimentos.

Como se colige, esta columna cumple con su cometido pedagógico -por lo menos, para el autor- de informar a las comunidades en forma objetiva acerca del contenido jurídico del fallo, toda vez que, por razones de espacio, no se alcanza a abordar el interesante y necesario debate político que de él se desprende, motivo de la próxima publicación.

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