Miércoles, 20 Mayo 2020 19:39 Escrito por MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO - Ex Personero Municipal de Timaná - Ex Consejero Departamental de Paz del Huila
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De la responsabilidad de los alcaldes frente al contagio

 

“Un hombre de Estado debe tener el corazón en la cabeza”, Napoleón.

La fecha 16 de marzo de 2020, constituye un referente histórico que no se borrará rápidamente de la memoria colectiva de Colombia. Se rememorará que en ella se inició la cuarentena de la corona virus 19, y que de no haber sido por ésta el país hubiera seguido sumido en la eterna pesadilla de desconocer la ancianísima crisis estructural del Estado, la misma que desde su fundación lo mina, lo socava.

Cómo negar o pretender justificar lo que dicha pandemia ha dejado palpable, al descubierto. Entre diversas vicisitudes, la fragilidad del sistema de salud y la incapacidad logística y operacional estatal en la prestación de todos, o casi todos, los servicios públicos a que está obligado.

Para nadie puede ser un secreto la ineficiencia e ineficacia del Estado colombiano. Basta observar las falencias que a diario más se destacan, tales como el atraso en las tecnologías de la comunicación e información para la educación; la falta de presupuesto en la administración de justicia; la capacidad reducida, muy cercana a la incapacidad, de los organismos de control, vigilancia, e investigación para combatir la descomunal e infame corrupción de la sola pandemia; de la limitadísima, cuando no nula, capacidad de reacción del INPEC para atender el hacinamiento  penitenciario y garantizar la salud y la vida de los reclusos; de los pírricos recursos para prestar la adecuada atención en los hospitales, aunque no en todos abundantes sí corroídos en su inmensa mayoría por el virus de la politiquería y las cooperativas de tercerización; de la creciente inseguridad urbana; de las graves dificultades que vive más que ayer el campesinado, el trabajador informal, el pequeño comerciante, el carretillero, los trabajadores independientes, las y los esteticistas, entre tantos más.

Ahora, debe recordarse que impera la voluntad del Gobierno Central para volver, paulatina y progresivamente, al desempeño laboral y que esta determinación fue tomada encomendando la responsabilidad a los Alcaldes, para que sean ellos quienes tomen todas las decisiones y ejecuten todas las acciones administrativas que conlleven a asegurar la aplicación eficiente de tal determinación.

Así pues, en contexto, se halla: que el país no dispone de una estructura estatal que cuente con la logística  para enfrentar eficazmente la crisis; que la corrupción saquea impunemente gran cantidad de los recursos económicos y financieros; que buena parte de la población está sufriendo penalidades para sobrevivir; y, que los Alcaldes responden por los resultados de la aplicación de las medidas de protección de contagio a  la ciudadanía. Dicho en otras palabras, a los Alcaldes se les confió la responsabilidad de evitar la propagación de la pandemia, pese a las infinitas limitaciones para su cometido, dadas la cantidad de dificultades que afectan a los municipios y ciudades grandes para su materialización, tales como tamaño del municipio o ciudad -que involucra bastantes veredas y barrios-  poco personal policial, además, con reducido parque automotor, precaria disponibilidad de presupuesto, inseguridad, etc.   

Entonces, ya sentada y conocida toda la situación, devienen otras preguntas coyunturales que sirven, con precisión, para repensar y aplicar lo hasta aquí escrito, con carácter preventivo: ¿Deben los Mandatarios realizar eventos virtuales de celebración de fiestas a costa de los escasos recursos públicos municipales, los cuales deben destinarse, prevalentemente, a la población que sufre penalidades e infortunios?

¿La Procuraduría General de la Nación no ha reiterado hasta la saciedad que los recursos del erario en tiempos de pandemia deben gastarse, preferencialmente, en el sistema de salud?

¿Es que la realización de un festejo virtual, independientemente de que sean financiados con recursos públicos o privados, no implica riesgo de contagio para los organizadores y participantes, con mayor razón si pudiera haber enfermos asintomáticos?

Y, finalmente

¿Es conveniente para los Mandatarios llevar a cabo las fiestas virtuales a sabiendas de que podría exponerlo a una investigación y al cuestionamiento ciudadano de quienes rechacen tal evento o aún contra su voluntad por la escases de recursos o por la prevención que le pudiese generar que el Gobierno Nacional le haya impuesto la responsabilidad de hacer cumplir los protocolos o medidas de bioseguridad para evitar la expansión? O, por lo contrario, ¿Deberían los ciudadanos entender la enorme y pesada carga de responsabilidad que recae sobre el Alcalde y actuar con altísimo sentido de solidaridad y compromiso social, para beneficio de la salud y la vida de todos,  asumiendo permanentemente comportamientos propios de conciencia y cultura ciudadana, y, por consiguiente, que no le sea necesario a la Administración tener que recurrir a la constante advertencia de sanciones, y al desgaste y al alto costo administrativo que implica vigilar, controlar y sancionar; insistimos, imposible de efectuar en todo el territorio y en todo tiempo?

Queda extendida la invitación a reflexionar, respetuosa, claro.

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