Lunes, 18 Marzo 2019 00:00 Escrito por
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En la Asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa – SIP -, a realizarse en Cartagena el 29 de marzo, el gobierno colombiano deberá cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del fallo emitido el año pasado por negligencia en la administración de justicia en caso del asesinato del periodista Nelson Carvajal Carvajal, hace 21 años.

La condena contra el Estado colombiano por negligencia en la administración de justicia se da por las continuas dilaciones en el proceso y la violación a una serie de derechos, que no permitieron conocer la verdad ni los responsables de este crimen del periodista cometido el 16 de abril de 1998, por sicarios que lo balearon cuando salía de la escuela Los Pinos donde también se desempeñaba como educador.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia a realizar un acto público de responsabilidad internacional y otros, vs Colombia.

En el curso del proceso por establecer la verdad y los responsables del crimen, la administración de justicia produjo la violación al derecho de las garantías judiciales, perjuicio a la familia en la violación al derecho a la vida y a la libertad de prensa.

El Estado colombiano deberá reconocer que hubo una violación al derecho a la libertad de expresión, violación a la integridad personal y violación al derecho de protección, a la circulación y la residencia de su familia. Su esposa, sus hijas y varios hermanos por amenazas en la época tuvieron que salir del país.

Este es un evento que por primera vez en la historia de los países que suscribieron el Acuerdo de Costa Rica, que son los que, cuyos casos pueden ser conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es sancionado un Estado como consecuencia de la muerte de un periodista.

Para la abogada Miriam Carvajal, hermana del periodista asesinado, esta sanción que deberá reconocer Colombia, “es la lucha permanente por esclarecer este homicidio, que no quedara impune como en el caso de las frías estadísticas hasta 2015 eran de 175 asesinatos que no han sido esclarecidos, cuyo galardón para los criminales ha sido la impunidad por la ineficiente administración de justicia”.

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Con esta sanción a Colombia, se sienta un precedente a la espera que el Estado trace unas políticas que permitan brindar protección a los periodistas y hacer cumplir correctamente los recursos judiciales.

“Es un alto y un llamado de atención para que el Estado colombiano sea más efectivo en la identificación y sanción de estos aberrantes casos de homicidio en Colombia”, sostiene la abogada Carvajal Carvajal.

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