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Revista La Region

Revista La Region

Para dar amplia información a la comunidad del corregimiento de La Laguna y regiones circunvecinas, publicamos el acta de inicio de las obras de reparación del puente Paso  a La Laguna en el río Magdalena.

 

El alcalde de Palermo Huila, Víctor Ernesto Polanía Vanegas, fue suspendido por tres meses del cargo por la Procuraduría General de la Nación que le abrió investigación disciplinaria por su presunta participación indebida en política. 

 

De acuerdo con la investigación de la Procuraduría Provincial de Neiva, el funcionario aparentemente participó en una reunión de carácter político, en la que habría dado instrucciones a servidores públicos y otras personas sobre la estrategia a seguir para beneficiar a una candidata a la alcaldía de ese municipio.

 

Por esos hechos, el Ministerio Público señaló que se hace necesaria la medida cautelar de suspensión provisional del alcalde, pues su permanencia en el cargo posibilitaría una posible interferencia en el trámite de la investigación disciplinaria o permitiría que continuara ejecutando acciones de apoyo en favor de la candidata.

 

Para la Procuraduría, la presunta conducta del investigado representa un peligro inminente para los comicios del 27 de octubre, y no da garantías de transparencia en su calidad de presidente de la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

 

Luego de cuatro años de luchas de los habitantes del corregimiento de La Laguna y de comunidades de Saladoblanco e Isnos, por fin verán la reparación del puente sobre el río Magdalena, que los comunica con la ciudad de Pitalito.

 

Para adelantar los trabajos de reparación de este viaducto, los contratistas y la interventoría han dispuesto el cierre de la vía en ese sector de 8 de la mañana a 4 de la tarde, mientras permanezcan laborando en cumplimiento de objeto del contrato.

 

Como vía alterna, la secretaría de Vías del municipio de Pitalito habilitó un tramo de la vía por la vereda 7 de Agosto que comunica con el municipio de Saladoblanco para dar salida o entrada del transporte de camionetas y vehículos de carga.

 

16 Octubre

Neoliberalismo para los pobres

Culminadas las protestas en Ecuador, con arreglo según reclamaciones de la población, vale una reflexión sobre el neoliberalismo aplicado con salvaje actitud a los países que por alguna circunstancia se ven obligados a acudir al Fondo Monetario Internacional por créditos de inversión para sus planes de desarrollo.

 

Lo primero que exige el FMI son políticas de crecimiento; aquí es bueno diferenciar lo que entiende el organismo por crecimiento económico, cuyo concepto es el aumento de  la riqueza, sin importar en quién crezca. Lo que menos les importa es el desarrollo. Para ello hace exigencias como baja en la carga tributaria para las empresas, protección al sistema financiero, seguridad para los inversionistas, flexibilidad en regulaciones de explotación de materias primas, lo que abiertamente favorece a los dueños y especuladores del capital. Al tenor de tal propósito auspicia cambios en políticas que favorezcan a los sectores más deprimidos, de allí la eliminación de subsidios, la disminución de la carga laboral, la contratación a términos cortos de la fuerza laboral, menores garantías laborales, empequeñecimiento del estado, la función estatal se convierte en función altruista de los particulares.

 

Ha sido un panorama que recorre el mundo, y ha llevado a profundizar la brecha entre pobres y ricos. El neoliberalismo actúa como una esponja que absorbe toda la riqueza de los países, concentrándola en unos pocos. Cuantitativamente, México, cuanta con el mayor número de millonarios, pero de igual manera tiene los más altos índices de NBI (necesidades básicas insatisfechas) en su población. La Argentina colapsó por desbordar su capacidad de endeudamiento comparado, y porque en la esfera de las asignaciones globales, la producción de soja se vino abajo, los precios internacionales cayeron drásticamente, algo parecido a lo sucedido con el petróleo. Y allí es donde entra la Derecha política a proteger intereses de las minorías corruptas y millonarias. Lo de Ecuador es un reflejo palpable de la acción de la Derecha. Por eso la protesta social se convierte en mecanismo para encontrar salidas que beneficien a amplios sectores de la población. La democracia como modelo es un fracaso, cuando el papel de la Derecha es proteger al gran capital trasnacional. Es volver a la ideología del esclavismo, que con migajas quiere alimentar a los pobres.

 

La Derecha neofascista en connivencia con los organismos tradicionales de financiación global, son la peste que sume en la miseria a países y sus poblaciones: va por Brasil; después de ser una de  las economías emergentes más importantes, equiparable a India, las políticas estractivistas del actual gobierno sume al gigante del Sur en la miseria, la población desesperada busca salidas en la protesta social, reprimida de manera criminal bajo la orientación del pentágono. Todos los conceptos del neoliberalismo, la apertura económica, la reducción del estado, la liberalización económica son sofismas cuando se trata de los países ricos o del sistema financiero; para ellos están todas las normas del proteccionismo, los aranceles a las exportaciones, las restricciones al libre mercado, las modernizaciones del estado no son más que cuentos para los pobres, para los países emergentes, para los trabajadores, los más afectados por las políticas neoliberales, y quienes pagan el plato de una economía con pésimo planeamiento.

 

La ESE municipal “Manuel Castro Tovar”, ha generado la invitación a padres de familia para que acudan a los centros de salud para vacunar a sus hijos y prevenirlos de enfermedades que pueden ocasionarles problemas irreversibles.

 

Cuidar de los niños es el principal compromiso de los padres y una de las formas para prevenir graves enfermedades y hasta la muerte, es darle continuidad al esquema de vacunación, un derecho que tienen sin costo todos los niños en Colombia.

 

Las vacunas que en su mayoría son inyectables, han logrado salvar millones de vidas en el mundo, es por ello que con frecuencia se adelantan jornadas de vacunación.

 

Un niño o niña que no reciba el esquema de vacunación en los tiempos indicados, puede contraer una afección y traspasarla a las personas que lo rodean.

 

En manos de los padres de familia está ayudar a prevenir y evitar que nuestros niños sean víctimas de enfermedades que pueden dejar consecuencias devastadoras en sus vidas o causar hasta la muerte.

 

 

 

En estado estable de salud se encontraba esta mañana el inspector de salud pública, Luciano Trujillo, quien fue arrollado por un motociclista la noche del sábado en Pitalito.

El accidente se produjo en el sector de los semáforos en la intercepción de la Avenida Pastrana con el centro y el hospital departamental, cuando un motociclista al parecer en estado de embriaguez lo embistió chocando las dos motocicletas, de cuyo impacto ambos conductores quedaron heridos.

Luciano Trujillo resultó con una lesión craneoencefálica que hicieron necesaria su reclusión en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Departamental donde será intervenido quirúrgicamente este martes. Luciano Trujillo es el director de la Oficina de Saneamiento de la Secretaría de Salud de Pitalito.

En el Hospital Departamental San Antonio, requieren con urgencia sangre O- para la cirugía de este funcionario, indicaron fuentes de la Secretaría de Salud Municipal de Pitalito.

Entre tanto, el conductor de la moto que provocó el accidente quien también fue internado en el Hospital Departamental fue dado de alta el día de ayer.

 

Un joven oriundo de la vereda Versalles, municipio de Pitalito, estudiante de VI semestre de Licenciatura de Ciencias Sociales de la UNICESI, Andrés Felipe Vargas Coronado de 19 años, fue el ganador del Concurso  Nacional de Cuento Infantil de Comfamiliar Atlántico.

Su cuento “Mi abuela y el niño de la luna” fue el ganador entre 61 participantes de varias ciudades del país.

La obra literaria maneja un lenguaje sencillo, con una temática que logra transmitir al lector una sensación de conmoción en el recorrido de las historias contadas por la abuela.

Andrés Felipe Vargas Coronado, es hoy el referente de las nuevas figuras de la literatura infantil en el departamento del Huila y el país, que enfoca su trabajo fundido en la imaginación que llega a través de las historias a un público infantil de entre los 7 y los 10 años.

Dice que escogió estudiar en ICESI porque el enfoque pedagógico que ofrece su programa, permite que desde segundo semestre estén haciendo prácticas en colegios que le ayudó a tomar la decisión de trabajar con estudiantes de primero a quinto de primaria y que le permitió escribir el cuento infantil ´Mi abuela y el niño de la luna´.

 

12 Octubre

Derechos de las víctimas ante Corte Constitucional

 

 

Ponencia de la Oficina de ONU Derechos Humanos ante la Corte Constitucional de Colombia hoy en la Audiencia Pública sobre la Ley 1448 de 2011 (D-13170) -Sobre Reparación, restitución de tierras y derechos de las víctimas).

Intervención de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Audiencia Pública sobre la Ley 1448 de 2011 (D-13170)

Honorable Presidente, Magistradas y magistrados, invitados, buenos días.

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante, la Oficina) valora y agradece la invitación hecha por la Honorable Corte Constitucional a la presente audiencia y en atención a los parámetros establecidos para la misma, la intervención se enfocará en el derecho a la reparación integral en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Mi nombre es Alberto Brunori. Mi asistencia a esta audiencia pública es en mi capacidad como Representante para Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estoy aquí para proporcionar a la Corte Constitucional información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento.  Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia, expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946.

I.  El derecho a la reparación integral en el derecho internacional de los derechos humanos.

De acuerdo a los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas”, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas,la reparacióndebe ser “adecuada, efectiva y rápida, y tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario.  La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido”[1].

El derecho a la reparación integral tiene como fundamento jurídico internacional el derecho a interponer recursos y obtener reparaciones, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo segundo, así como en otra gran cantidad de instrumentos internacionales de protección[2].

Para el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas, el derecho a la reparación cuenta con distintas dimensiones en las que se debe valorar su cumplimiento. La primera es la sustantiva. Aquí se incluyen las obligaciones estatales relacionadas con la adecuación de las medidas de reparación, es decir, su coherencia con el tipo de victimización sufrida, el daño causado y las características particulares de quien padeció la agresión[3].

La segunda dimensión es procesal. Esto corresponde con la obligación estatal de proveer recursos efectivos para que las víctimas puedan reclamar la reparación integral por las violaciones de derechos humanos[4]. En esta dimensión se vinculan los componentes de disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad que deben tener las medidas de reparación ofrecidas a las víctimas[5].

Esta dimensión ha sido ratificada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha dicho que: “si no se otorga una reparación a los individuos cuyos derechos del Pacto han sido violados, la obligación de proporcionar un recurso efectivo no se cumple”[6].

En contextos de graves y masivas violaciones de derechos humanos, y de conflictos armados internos, el derecho a la reparación integral es difícilmente garantizado por, únicamente, recursos judiciales. Se requieren de programas administrativos que constituyan recursos eficaces frente a las víctimas. El Principio 32 del Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de Naciones Unidas establece que: “también pueden proporcionarse reparaciones mediante programas, basados en medidas legislativas o administrativas, financiados por fuentes nacionales o internacionales, dirigidos a individuos y a comunidades”[7].

El Relator Especial ha dicho que “los programas de reparación son, en el mejor de los casos, procesos administrativos que, entre otras cosas, eluden algunas de las dificultades y los gastos asociados a los litigios. Para los demandantes, los programas de reparación por vía administrativa son comparativamente más favorables que los procesos judiciales cuando se trata de violaciones masivas, pues ofrecen resultados con mayor rapidez, entrañan menos gastos y tienen normas de prueba menos estrictas, procedimientos no contenciosos y una mayor probabilidad de obtener algún tipo de reparación”[8].

En el documento sobre Programas de Reparaciones publicado por la Oficina, se indicó que en: “sociedades nacionales que tratan de reparar graves daños y perjuicios infligidos como resultado de violaciones manifiestas y masivas de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación moral y política de adoptar medidas reparadoras generales y de introducir programas detallados que ofrezcan reparación a categorías más amplias de víctimas afectadas por las violaciones”[9].

Para la Corte Interamericana de Derechos humanos “La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos, el Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados o reparar las consecuencias que las infracciones produjeron.”  En consecuencia, la Corte:“ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de las compensaciones pecuniarias, las garantías de no repetición, medidas de rehabilitación y satisfacción tienen especial relevancia por los daños ocasionados.”[10]

Con relación a la vigencia de los programas de reparaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que “es preciso que el programa integral de reparaciones funcione como una política de Estado que le otorgue estabilidad y una vigencia sostenida en el tiempo”[11].

II. Sobre la complementariedad entre los programas de reparación y otras medidas de justicia transicional.

Los mecanismos judiciales y extrajudiciales y las medidas que integran la política de justicia transicional, abordan las causas y consecuencias del conflicto desde distintas dimensiones. Sin embargo, sus objetivos se encuentran interrelacionados y se refuerzan mutuamente para responder de manera integral a las expectativas de las víctimas y de la sociedad en general. De manera conjunta, dichos mecanismos cumplen objetivos mediatos y finales comunes. Los primeros, ofrecen el reconocimiento de las víctimas y sus derechos y fomentan la confianza; mientras que, los segundos contribuyen a la reconciliación y al reforzamiento del Estado de derecho[12].

De conformidad con los estándares internacionales, la implementación integral y secuencial de los componentes de justicia transicional, contribuye a que las diversas iniciativas sean comprendidas desde una perspectiva global, como intentos estructurados de hacer de justicia al pasado de violaciones cometidas frente a una aplicación aislada y fragmentaria[13].

Por ello, es necesario que las medidas de justicia transicional que han sido adoptadas no sean concebidas y aplicadas como iniciativas aisladas e independientes[14], sino que sean entendidas como parte de un sistema que pretende satisfacer de manera integral los derechos de las víctimas, generar transformaciones de diversa naturaleza, y evitar la repetición de los hechos. Bajo dicha comprensión, se reitera, la importancia de la articulación y coordinación entre el Sistema Integral y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

III. Conclusiones:

El derecho a la reparación integral ha sido ampliamente desarrollado en la normativa interna colombiana. Con la adopción de la Ley 1448 de 2011 se creó un sistema de reparación administrativa con enfoque de derechos que constituye un avance para la garantía de los derechos de las víctimas.

A la luz de las normas y estándares internacionales en materia de reparación integral descritas en los párrafos anteriores, la Oficina destaca que cualquier medida que se tome para reformar, derogar o ampliar el Sistema de Atención contenido en la Ley 1448 de 2011 debe dar cuenta de los avances alcanzados, con el fin de no reducir el estándar de protección de las víctimas. El principio de no regresividad del derecho internacional de los derechos humanos puede constituir una herramienta adecuada para valorar, si la pérdida de vigencia de la ley 1448 de 2011 impactará negativamente en los derechos de las víctimas.

También se debe valorar si la pérdida de vigencia de Ley 1448 de 2011 tiene impactos negativos en la adecuada implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición.

La Oficina reitera la importancia de la articulación entre el Sistema Integral y la institucionalidad de la Ley 1448 de 2011, para atender de manera integral los derechos de las víctimas del conflicto armado en el país. De manera conjunta, las instituciones que hacen parte de cada uno de los sistemas y en virtud de sus mandatos procuran: i) restaurar y dignificar la voz de las víctimas; ii) esclarecer los hechos del conflicto; iii) reconstruir el pasado, visibilizar los factores y las causas que originaron y profundizaron el conflicto; iv) reparar los daños individuales y colectivos sufridos por las víctimas y la sociedad en general; y v) realizar reformas dirigidas a garantizar la no repetición.

El funcionamiento articulado de ambos sistemas constituye una valiosa oportunidad para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas, lo que contribuye de manera decidida a la construcción de una paz estable y duradera a través de la generación de transformaciones positivas en la vida de las víctimas y de la sociedad en general.

Reitero el agradecimiento a la Honorable Corte Constitucional por la invitación a la presente audiencia y ratifico la entera disposición de mi Oficina para contribuir con su encomiable labor cada vez que este Honorable tribunal considere pertinente y oportuna nuestra intervención. 

Cordialmente,

ALBERTO BRUNORI

Representante de la Oficina en Colombia de la

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Como un insumo fundamental de la nueva política catastral del país, el IGAC define y publica el mapa oficial de Colombia y los departamentos y municipios del país.

El examen periódico de los límites de las entidades territoriales permite al IGAC el suministro a los gobiernos nacional, y locales la información suficiente para la planificación, ordenamiento territorial y el barrido predial masivo.

Con la identificación geográfica, física, histórica, catastral y cartográfica desarrollada por el IGAC a lo largo y ancho del país, el Congreso de la República y las Asambleas Departamentales pueden aprobar los límites entre departamentos (Congreso) o entre municipios (asambleas), con base en las propuestas técnicas que les envía el instituto.

 

Se encuentran abiertas las invitaciones 013 y 014 de la Línea de Mejoramientos Rurales 2019 a fin de conformar listas de elegibles que habiliten proponentes para la contratación de obra e interventoría para adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de Instituciones Educativas Rurales, comedores y Residencias Escolares Priorizados

Los interesados deberán manifestar interés dentro de los cinco días habilites a la publicación, en la página web de Alianza Fiduciaria se encuentran los términos de condiciones contractuales de los procesos.

Invitación Abierta FFIE 013 de 2019

Invitación Abierta FFIE 014 de 2019

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